(VÍDEO) Solidaridad con Raúl Capín perseguido y represaliado por querer informar con libertad

Otro periodista más represaliado por querer informar con libertad lo que sucede en el Estado español. Un compañero como tantos y tantas que cuentan lo que los medios hegemónicos ocultan, otro compañero más como tantos y tantas que intenta romper el cerco mediático que nos sojuzga y pretende asfixiarnos.

El compañero Raúl Capín será juzgado el martes 19 de enero. Otro periodista más represaliado por querer informar con libertad lo que sucede en el Estado español. Un compañero como tantos y tantas que cuentan lo que los medios hegemónicos ocultan, otro compañero más como tantos y tantas que intenta romper el cerco mediático que nos sojuzga y pretende asfixiarnos.

Dejarnos sin oxígeno. Cercenando libertades, impidiendo la palabra y la imagen, así como conculcan nuestros derechos básicos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y… a manifestarnos libremente cuando nos quieren imponer a sangre y fuego estas políticas austericidas…

El fotoperiodista Raúl Capin es otra víctima de la maquinaria represiva del Estado. Y su delito… querer informar con libertad, ejercer un periodismo independiente…

Lo acompañaremos este martes 19 de enero a las 10h en el Juzgado de lo Penal, c/ Camarillo 11, de Ciudad Lineal.

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Iván Ramírez, de la PAH, absolución

PAH

Piden 1 año y 9 meses de cárcel a un conocido miembro de la PAH por dar dos patadas (que nunca existieron) a dos policías antidisturbios en una marcha festiva y pacífica

 

El próximo lunes 14 de diciembre, Iván Ramírez Barrios, conocido miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid por unos hechos que tuvieron lugar hace cuatro años. La Fiscalía solicita 1 año y 9 meses de prisión mayor por un supuesto delito de atentado contra la autoridad cometido durante el transcurso de una manifestación de carácter pacífico y festivo.

 

El 28 de diciembre de 2011, diferentes movimientos sociales de Madrid aprovecharon esa jornada, Día de los Inocentes, para organizar una marcha de protesta de tono festivo, una especie de desfile de carnaval que denominaron Cabalgata Indignada. Iván Ramírez acudió a la cita con una de las organizaciones promotoras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con objeto de denunciar el drama de las familias desahuciadas, que por entonces se contaban por millares. A pesar del evidente ambiente pacífico y de fiesta, tal y como se puede ver en las decenas de imágenes que fueron registradas aquella tarde, en los primeros momentos de la marcha varios policías antidisturbios cargaron contra un grupo de manifestantes con el incomprensible propósito de despejar un paso de cebra colapsado por el desfile. Entre ellos se hallaba Iván que, junto a otro chico, fue detenido de manera absolutamente arbitraria para ser conducido poco después a la comisaría de Moratalaz. En su espera, esposado e inmovilizado contra el furgón policial, y separado de la manifestación, sufrió malos tratos de varios agentes que le provocaron varias lesiones, entre ellas una en su mano izquierda, heridas por las que a la postre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Los médicos le han pronosticado “en pocos años” una previsible pérdida de movilidad en la mano afectada.

 

A pesar de estos hechos, y de la actitud pacífica que mantuvo en todo momento, Iván está acusado de haber propinado dos patadas a dos agentes: al primero, en una mano. Al segundo, en una rodilla. Lamentablemente, la Fiscalía se ha limitado a dar por buena la versión de la policía, obviando que numerosos testigos presenciaron el intachable comportamiento del activista, antes y durante su detención.

 

Ante tamaña injusticia no podemos quedarnos callados, y por ello solicitamos la absolución de Iván Ramírez o la retirada de los cargos que pesan contra él, al igual que hemos hecho recientemente con Atanás T., otro activista de la PAH recientemente juzgado por oponerse al desahucio de una anciana.

 

Iván Ramírez, economista en paro de 39 años y padre de una hija de 10, miembro de la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, vecino del modesto barrio de Villaverde, durante sus cuatro años de implicación en la PAH se dejó la piel por las familias que corrían el riesgo de perder su vivienda. Desde 2011 hasta hoy ha participado en cientos de acciones en defensa de los damnificados de la crisis inmobiliaria: Stop Desahucios, mediaciones con entidades bancarias, recogidas de firmas, seminarios, manifestaciones…

 

Gracias a este compromiso y al de muchas otras personas como él, el problema de la vivienda en España es conocido en todo el mundo, y hoy apenas se producen desahucios hipotecarios de familias y nuestro pequeño mundo es un poco mejor.

 

 

No permitamos una condena tan absurda e injusta.

¡Iván Ramírez, absolución!

La matanza de estado en El Tarajal (Ceuta) cumple un año entre la impunidad y el silencio mediático

Por Kaos. Derechos humanos

Este viernes se cumple un año desde que al menos quince personas murieran asesinadas intentando alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal mientras la Guardia Civil disparaba pelotas de goma y botes de humo para disuadirles. Doce meses después, el proceso judicial para dirimir responsabilidades sigue en marcha y una reforma de la Ley de Extranjería cuestionada dentro y fuera de España afronta su recta final en el Senado, informa Europa Press.

Aquella mañana del 6 de febrero en torno a unas 200 personas intentaron entrar en Ceuta saltando el perímetro fronterizo después de sortear a las fuerzas marroquíes, que intentaron frenar su avance a golpe de bastón. Al ver frustrada su expectativa, un grupo numeroso se dirigió a la carrera hacia la playa y se echó al mar justo junto al espigón que separa en este punto España de Marruecos y que durante gran parte del año, se puede rodear a pie.

Quince personas fallecieron aplastadas o ahogadas junto a la hilera de piedras y los cuerpos de cinco de ellos fueron rescatados por efectivos de la Guardia Civil en aguas españolas. Muchos llevaban flotadores de fabricación casera, otros no. Un total de 23 consiguieron llegar a nado hasta la playa ceutí, fueron agrupados por los agentes que les estaban esperando y devueltos sobre la marcha a las fuerzas de Marruecos por una puerta de servicio de la valla, visiblemente fatigados.

Ciudadanos anónimos primero y vídeos oficiales después, documentaron este hecho, poniendo imágenes a lo que las ONG especializadas venían denunciando más de una década: la expulsión sumaria que va contra las previsiones de la ley de Extranjería, porque vulnera el derecho de los migrantes a ser escuchados en un proceso garantista, y que se venía denominando ‘devolución en caliente’.

LAS MUERTES, ENTRE CEUTA Y LA AUDIENCIA NACIONAL

De las muertes, un presunto delito de homicidio por imprudencia, se encarga un proceso judicial abierto en Ceuta a instancias de un puñado de ONG, menos de las que empezaron porque se les solicitaron fianzas por encima de los 2.000 euros para ejercer la acusación popular. Entre ellas figuran CEAR y la Coordinadora de Barrios, cuya letrada, Patricia Fernández, ha venido denunciando “trabas y dilaciones indebidas” que dificultan el ejercicio de su labor.

Durante la instrucción, que lleva a cabo el Juzgado número 6, se ha recabado informe a la Guardia Civil, cuya policía judicial remitió un extenso documento en el que figuran desde las declaraciones de los agentes de servicio aquella mañana, incluidos los mandos, hasta el inventario de material antidisturbios que portaban o las cámaras de vídeo que tenían y las imágenes que grabaron o dejaron de grabar. El Ministerio del Interior publicó cintas en su web, dice que son todas las disponibles de aquella jornada.

Del informe, que adelantó Europa Press, se desprende que los agentes dispararon pelotas de goma y botes de humo al agua, aunque nadie ordenó “como tal” que abrieran fuego. No obstante, en un momento dado el Capitán Jefe de la Compañía de Seguridad Ciudadana de Ceuta echó a correr hasta la punta del espigón, cogió el fusil de un agente y disparó tres veces para “dar ejemplo” a los demás. Devolvió la bocacha “entendiendo que los guardias civiles que allí estaban habían entendido la forma de usarlas”.

En ese mismo informe, los agentes defienden que el uso de este tipo de material fue “gradual”, nunca contra las personas y siempre en dirección al agua con dos objetivos, delimitar la separación entre la demarcación española y la marroquí y dibujar una línea imaginaria frente a la costa para evitar que los migrantes se alejaran mar adentro.

LOS FAMILIARES NO HAN PODIDO PERSONARSE

Al juzgado no ha llegado la versión de los familiares de las víctimas ni tampoco de los supervivientes. Los primeros han afrontado toda una serie de problemas burocráticos para autentificar su identidad que en la actualidad no se han resuelto, los segundos no han sido ni localizados, ni identificados ni convocados.

Sí se escuchó en el mes de julio a Ca-Minando Fronteras, ONG que recorrió las morgues da Tánger para tratar de identificar a diez de los fallecidos junto a una doctora que analizó las lesiones que presentaban. Los informes forenses oficiales, por cierto, tampoco han llegado al Juzgado, pues la comisión rogatoria librada a Marruecos aún no ha dado frutos.

Tras un año de instrucción, el Juzgado ha decidido inhibirse y enviar la causa a la Audiencia Nacional pues entiende tras la información facilitada por la Guardia Civil, que las muertes en todo caso se produjeron en Marruecos y no es su jurisdicción. La Fiscalía de la ciudad autónoma se ha opuesto, impugnando el auto de inhibición, así que ahora la jueza debe decidir si hacerle caso o pedir a la Audiencia Provincial de Cádiz que resuelva el asunto.

Entre tanto, consecuencia de aquel día el Ministerio del Interior anunció una prolongación del espigón del Tarajal que aún no se ha ejecutado y prohibió el uso de pelotas de goma en el agua o en las vallas fronterizas. Mientras prohibía esta práctica, promovía la legalización de otra introduciendo una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para modificar la de Extranjería: las devoluciones en caliente tendrán nombre jurídico, el rechazo en frontera.

LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE, ENTRE EL SENADO Y EL CONGRESO

Esta es una de las grandes consecuencias de la tragedia de El Tarajal, pues nunca habían sido reconocidas oficialmente hasta que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz defendió su legalidad en el Congreso de los Diputados. Apeló a un “concepto operativo de vigilancia de fronteras” según el cual, estas personas no han entrado en suelo español, en tanto que no han superado a las fuerzas de seguridad desplegadas en España para impedirlo.

Resultó que esta máxima, cuestionada por juristas, académicos, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, tenía además forma de protocolo operativo en Melilla, lo que ha costado la imputación del Coronel Jefe de la Guardia Civil en la ciudad por un presunto delito de prevaricación al haber dictado una instrucción contraria a la Ley de Extranjería. Este procedimiento también está aún en curso y se ha engrosado con dos denuncias por expulsiones sumarias y violencia policial en la valla.

Con todo, el PP ha impulsado la citada reforma para recoger esta práctica exclusiva de Ceuta y Melilla y darle rango legal. El texto, aún en el Senado, dice que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

HUMAN RIGHT WATCH

La organización Human Right Watch difundió ayer un comunicado en el que denuncia que un año después de la tragedia, España todavía no ha hecho justicia por la muerte de las 15 personas que perdieron la vida intentando alcanzar la playa ceutí de El Tarajal en la mañana del 6 de febrero de 2014 mientras la Guardia Civil disparaba pelotas de goma y botes de humo al agua para disuadirles.

En total, se recuperaron 14 cadáveres, cinco de ellos en aguas españolas, aunque la organización dice atendiendo a los testimonios de supervivientes y familiares que “otra persona, la única mujer, habría muerto ese día” y “su cuerpo no ha sido recuperado”.

De las víctimas, 11 eran originarias de Camerún, mientras que las otras tres cuyos cuerpos se recuperaron provenían de Guinea, Costa de Marfil y Senegal. El gobierno español reconoció que 23 sobrevivientes que lograron alcanzar la costa en Ceuta fueron entregados inmediatamente a los guardias fronterizos marroquíes, conforme recuerda HRW.

“Se trata de muertes siniestras, y los señalamientos apuntan a graves irregularidades por parte de miembros de la Guardia Civil. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas merecen conocer la verdad sobre lo sucedido y ver que se imparta justicia”, afirma investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch, Judith Sunderland.

Sin embargo, “ningún funcionario español ha sido procesado ni ha recibido sanciones disciplinarias por los trágicos decesos en Ceuta ocurridos un año atrás, y tampoco ningún responsable ha presentado su dimisión”, apunta esta ONG internacional. Además, recuerda que el Partido Popular “utilizó su mayoría absoluta en el parlamento para bloquear una moción que proponía tratar la creación de una comisión ad hoc encargada de investigar los acontecimientos”.

La organización cita el testimonio de Kakoly (nombre falso), un joven de Costa de Marfil que en una entrevista telefónica les narró cómo perdió a su mejor amigo ese día. Él logró llegar hasta la costa, pero recibió impactos de balas de goma en una pierna y debajo de un ojo, lo que le ha dejado secuelas, y fue devuelto a Marruecos.

Según HRW, este joven recibió tratamiento médico gracias a la ayuda de una ONG, pero todavía tiene problemas de visión en el ojo derecho y su expectativa de que se haga justicia es pesimista. “Yo, un sencillo clandestino, ¿qué posibilidades tengo de exigir justicia? Estamos habituados a la injusticia”, dijo en la entrevista con la entidad.

“España debería dar a Kakoly la oportunidad de justicia que él cree que está fuera de sus posibilidades”, señaló Sunderland. “Debería asegurar que haya plena rendición de cuentas por lo sucedido ese día, y que los funcionarios que presuntamente tengan responsabilidad por la muerte de su amigo y otras tantas personas sean enjuiciados”.

En este sentido, la organización dice que la investigación judicial sobre las muertes, las personas heridas y los retornos sumarios ocurridos ese día “han avanzado muy lentamente”, pues la juez al cargo en Ceuta ha realizado “pocas diligencias de oficio y ha negado o postergado la adopción de diligencias solicitadas por las cuatro organizaciones españolas y los seis familiares que se han personado como acusación popular”.

Conforme recuerda HRW, a mediados de diciembre, la jueza pidió que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional aduciendo que no tenía competencias, extremo al que se ha opuesto la Fiscalía. “La incertidumbre con respecto a qué tribunal finalmente se declarará competente suscita el temor de que pueda haber mayores dilaciones”, plantea la ONG.

Por otra parte, destaca que a lo largo del año distintas ONG han venido denunciando “incidentes de uso excesivo de la fuerza y expulsiones sumarias por parte de agentes de la Guardia Civil en las fronteras de los enclaves, en particular desde Melilla”, pero el Gobierno, “en vez de superar estas prácticas abusivas, ha buscado institucionalizar una política de retornos sumarios”.

“Cada año, miles de personas ponen en riesgo su vida al tratar de llegar a Europa, y hay amplias evidencias que demuestran que las prácticas españolas en las fronteras de este país agravan aún más la peligrosidad de esos intentos”, asegura Sunderland. En su opinión, “si (el comisario de Interior e Inmigración de la UE, Dimitris) Avramopoulos se propone abordar seriamente el sistema disfuncional de inmigración y asilo de la UE, no debería ignorar los abusos en los enclaves de España”.

HRW añade además en su informe que muchos de quienes llegan y trepan el primer vallado que rodea Melilla permanecen allí, a veces durante horas, hasta que la Guardia Civil los obliga a descender y a regresar a Marruecos, como ocurrió con un grupo de cerca de 100 personas el 2 de febrero de 2015 y destaca la muerte de al menos nueve personas ahogadas el 30 de enero cuando la embarcación en la cual se trasladaban se hundió en aguas próximas a Melilla.

NO ES TRAGEDIA, ES TERRORISMO DE ESTADO

Maldita por siempre esa prensa sumisa, mercenaria y lacaya que llama “tragedia” al asesinato de estado de 15 personas en Ceuta, que hoy cumple un año. Disparar pelotas de goma contra personas que buscan llegar a nado a la costa, algunas con flotadores, provocando el caos y el terror, y causando 15 muertes, no es ninguna TRAGEDIA, cual si de elementos accidentales o naturales se tratase, es TERRORISMO DE ESTADO. Impune y silenciado, pero TERRORISMO DE ESTADO.

Agencias/Kaosenlared

Fuente: http://kaosenlared.net/la-matanza-de-estado-en-el-tarajal-ceuta-cumple-un-ano-entre-la-impunidad-y-el-silencio-mediatico/

 

 

Madrid: archivada la querella por la privatización sanitaria

sanidad
Cada vez queda mas claro (aunque muchxs no quieran verlo), que la unica salida para garantizar un sistema sanitario sin animo de lucro, universal, de calidad y que actue sobre los determinantes de la enfermedad, pasa por la autoorganización  de las personas al margen de instituciones, jueces,  y otros mesias promocionados por el sistema.

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella que la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, presentó el año pasado por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación en el proceso de privatización de la gestión hospitalaria en Madrid. La Sección Segunda de la Audiencia considera que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la causa, aunque precisa que si apareciesen nuevos indicios se podría acordar la reapertura del procedimiento.

El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitó a trámite la querella presentada por AFEM y empezó  a investigar el año pasado el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Entre otras cosas, su titular, Marcelino Sexmero, solicitó una larga lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa. Sexmero llegó a citar a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad (Juan José Güemes y Manuel Lamela) y dos altos cargos (Patricia Flores y Antonio Burgueño), y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

Los magistrados de la Audiencia estiman ahora parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Juan José Güemes, ASISA, UNILABS, Patricia Flores y Antonio Burgueño, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, Capio Sanidad, Juan Antonio Álvaro de la Parra y Manuel Lamela contra el auto que el 20 de junio de 2013 incoó el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid tras la querella criminal presentada por AFEM.

La Audiencia Provincial de Madrid considera que “la querella contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid, pero que difícilmente puede entenderse que revistan naturaleza jurídico penal, porque en todo caso y hasta el momento, se circunscriben al ámbito político-administrativo”.

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Nuevas detenciones por comentarios en las redes sociales, entre los detenidos un miembro de La Haine

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Son ya al menos 18 l@s detenid@s, entre ell@s el miembro de nuestro Colectivo Editorial que ya fue detenido otras 2 veces en los últimos meses. A lo largo del día, la guardia civil ha detenido a al menos 18 personas e imputado a otras 2 por un delito de “enaltecimiento del terrorismo” por comentarios hechos a través de las redes sociales Facebook y Twitter.

En esta segunda parte de la “Operación Araña” que se llevo a cabo en abril se han realizado detenciones en Bilbo, Portugalete,Donosti, Iruña y otras 5 localidades vascas.

La persona detenida en Iruña es el miembro del Colectivo Editorial de La Haine que ya fué detenido y agredido en Madrid el 29 de Marzo mientras cubría la convocatoria “Jaque al rey” y posteriormente en Iruña, por haber cubierto informativamente los actos de aniversario de la okupación del Euskal Jai (el gaztetxe de Iruña). Sobre las 9 y media de la mañana 2 agentes de paisano de la guardia civil han aparecido en su casa y han procedido a detenerle, no le han dejado ni cambiarse, se lo han llevado engrilletado y con el pijama aún puesto. El compañero tras pasar unas 4 horas en el calabozo y manifestar su intención de declarar sólo ante el juez, ya ha sido puesto en libertad.

La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones, además de en Euskal Herria la operación se está llevando a cabo en Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha y Castilla y León.

Esta operación, al igual que la  “operación Araña” que se saldó con 21 detenidos es un nuevo ataque contra la libertad de expresión en internet y a través de las redes sociales. También es un nuevo ataque contra este medio y contra nuestro compañero, que, como ya denunciamos tras la anterior detención, está siendo realmente acosado.

Unos dias despues de la “operacion araña” de abril el diario ABC publicaba en su edición digital una noticia donde afirmaba que la guardia civil buscaba a los administradores de otros tres perfiles de Facebook para detenerlos y llevarlos a declarar dentro de esta operación. Entre ellos estaba el perfil de nuestro compañero. La noticia afirmaba que aún no se había podido dar con ellos “debido a las medidas de seguridad que utilizan para mantener el anonimato”. Esa información era totalmente falsa ya que el perfil es público y además a través de él se hizo pública también la detención y agresión sufrida por nuestro compañero el 29M en Madrid. Luego, es mentira que no se hubiera podido identificar a esta persona. Ahora, 6 meses depués llega otra nueva detención, la tercera en 7 meses. Nuestro compañero no tiene nada que ocultar, ya que lo único que ha hecho es dar su opinión personal en internet, derecho amparado por el artículo 20 de la constitución, el cuál regula el derecho de la libertad de expresión.

Desde La Haine valoramos que este acoso no es casual. Desde su detención en Marzo ,cuando manifesto publicamente su pertenencia a La Haine gritando ” Soy periodista de La Haine, esto es una detención ilegal!”, este acoso no ha hecho más que incrementarse.  La noticia criminalizadora del ABC, la detención junto con otro fotoperiodista por cubrir informativamente una jornada festiva y reivindicativa, y ahora esto. Van a por él por su participación en este proyecto de información crítica.No sólo esta en juego la libertad de opinión en internet, está en juego la libertad de prensa, está en juego la posibilidad de informarse al margen de la prensa oficial, la que tiene grandes intereses económicos detrás.

Desde el Colectivo Editorial de La Haine respaldamos totalmente a nuestro compañero y pedimos apoyo en la denuncia  de la persecución que estamos sufriendo los que informamos desde los movimientos sociales, y no desde grandes grupos empresariales.

También trasladamos nuestra solidaridad a tod@s l@s detenid@s en esta operación. ¡Opinar no es un delito!

http://www.lahaine.org/est_espanol.php/nueva-oleada-de-detenciones-por

Acuerdos Clandestinos Entre Europa Y EE.UU. Qué Es El TTIP Y Cómo Afectará A Tu Vida

TTIP

Llevan meses gestionándolo en silencio, pero hace apenas unos días, lo que solo eran conjeturas, se hicieron realidad con la publicación del texto que está sirviendo como base para las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Europa, TTIP por sus siglas en inglés. Las peores previsiones se han confirmado y las voces críticas contra el acuerdo, que se ha llevado con el más absoluto secretismo, han dado la alarma.

Aunque sus defensores argumentan que el acuerdo será beneficioso para el crecimiento de la economía y fomentará la creación de empleo, muchos expertos aseguran que el nuevo tratado esconde un aumento considerable del poder de las grandes empresas, y la consiguiente limitación de la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficio de los ciudadanos. El TTIP es el sueño de cualquier neoliberal hecho realidad, pero, ¿es esta la realidad en la que quieren vivir los ciudadanos europeos?

¿Qué es el TTIP?

Se trata un de acuerdo de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea y Estados Unidos que actualmente se encuentra en negociaciones, y se espera que sea aprobado a finales de este año. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de la ciudadanía no se ha enterado del asunto, no es un tratado más, sino que cambia las reglas del juego al otorgarle mucho más poder a las grandes empresas frente a los estados que, de aprobarse, tendrían todavía las manos más atadas frente al poder económico.

Lo que dicen del TTIP sus defensores…

Según sus defensores, el TTIP tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre los dos espacios. Aseguran que al eliminar esas barreras habrá un considerable crecimiento económico, una mayor creación de empleo y una bajada de los precios. En sus mejores previsiones afirman que la economía europea podría beneficiarse con 119.000 millones de euros al año y la estadounidense con unos 95.000 millones de dólares.

Lo que dicen del TTIP sus detractores…

Aunque todo el asunto se ha llevado con un absoluto secretismo, al nuevo tratado comercial que se quiere firmar entre EEUU y Europa ya le han salido enemigos por todas partes. Entre otras cuestiones, sus detractores afirman que el tratado no permitiría a los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales y las telecomunicaciones, lo que prácticamente sometería la soberanía democrática frente al poder económico. También supondría un empeoramiento de las condiciones laborales e incluso las grandes empresas podrían oponerse a la subida del salario interprofesional de los países.

La alimentación y la salud son dos caballos de batalla importantes, ya que si se aprobase el tratado cambiarían los actuales estándares de seguridad europeos en materia de uso de hormonas y de alimentos modificados por la legislación mucho más laxa de EEUU. Actualmente el 70% de todos los alimentos procesados a la venta en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados y un 40% tienen prohibido su venta dentro de las fronteras europeas, algo que cambiaría con la aprobación del TTIP. El control de sustancias químicas también se vería modificado y nos atendríamos a las leyes de USA, extremadamente permisivas. Baste como ejemplo que mientras que la UE prohíbe el uso de 1.200 sustancias químicas en cosméticos, EEUU solamente prohíbe una docena.

Fuente: http://codigonuevo.com/que-es-el-ttip-y-como-afectara-tu-vida/

Imagen: Stop TTIP