CAMPAÑA CONTRA LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN SOCIAL PARA DESEMPLEADAS/OS‏

Se viene produciendo desde 2012 un incremento preocupante de contrataciones falsas
en ayuntamientos bajo la figura legal llamada COLABORACIÓN SOCIAL.
Mediante esta triquiñuela, los ayuntamientos OBLIGAN a parados a trabajar 6 horas
diarias bajo la amenaza de los servicios regionales de empleo de que en caso de
negarse, pueden perder hasta 3 meses de prestación.
Estas formas de “contratación” hacen efectiva la máxima de que toda prestación debe
generar una obligación al perceptor de esa prestación.
Trabajos de Colaboración Social/Políticas Workfare o esclavitud
Las políticas workfare son aquellas que condicionan la obtención de cualquier tipo de
prestación subsidio a la realización de una actividad relacionada con el trabajo.
En el estado español tienen su comienzo con un Real Decreto socialista de 1982
donde se promueven distintas medidas de fomento del empleo, lo que supone un
escaso marco normativo.
Los trabajos de colaboración social en la Comunidad de Madrid históricamente han
sido muy poco utilizados, debido a su escasa aceptación social. Sólo por los recortes,
al ver que eran una vía de entrada de mano de obra barata y sin derechos en la
Administración, se produce un auge en su utilización (en 2012 aparecen 49 adscritos
y en 2013 esta cifra asciende a 3849 adscritos).
La Comunidad de Madrid a fin de proporcionar un mayor grado de seguridad
jurídica, en virtud de sus competencias, otorga derechos adicionales a los
participantes (formación, jornada diaria reducida de 6horas máximo,….) en su
regulación mediante Orden 2013,2014 y 2015.
Los ayuntamientos utilizan estos trabajos de colaboración social para obtener mano
de obra barata y sin derechos, para aumentar su reducida plantilla (a causa de los
recortes) y poder realizar las tareas cotidianas y ordinarias que se esperan de un
ayuntamiento (servicios genéricos) a costa del daño plural que ocasiona:
– al trabajador: perjuicio salarial y laboral, dado que se consumen sus días cotizados
en detrimento de futuras prestaciones;
– a otros desempleados, ocupando puestos de trabajo a los que no pueden optar;
– a la Seguridad Social, que abona indebidamente la prestación;
– a la ciudadanía, ya que se trata de una utilización desviada de fondos públicos.
Los ayuntamientos tampoco aplican los derechos adicionales otorgados por la
Comunidad de Madrid a los participantes de estos programas, convirtiendo las
condiciones de estos trabajos similares a las de la esclavitud.
El Tribunal Supremo como doctrina y, tras las sentencias dictadas en diciembre de
2013 (TS 27-12-13, EDJ 302035, 293703 y 292832), ha considerado que lautilización por parte de las administraciones públicas de los obligatorios trabajos de
colaboración social para la realización de servicios que se corresponden
con actividades normales y permanentes, sin que se haya justificado ningún hecho
determinante de temporalidad, es fraudulenta y no juega la exclusión de laboralidad.
Entiende que la temporalidad no está en función de la duración máxima del vínculo,
relacionado con la de la prestación de desempleo, sino que debe predicarse del
trabajo objeto del contrato.
Por ello, al no existir causa válida de temporalidad, la finalización de los
denominados trabajos de colaboración social en dichas condiciones, constituye
un despido improcedente por fraude en el contrato temporal. Esta doctrina ha sido
reiterada en sentencia posterior (Tribunal Supremo Sala 4a, S 22-1-2014, rec.
3090/2012).
Dichos trabajos se realizan consumiendo la prestación y no cotizan a la
seguridad social, restando tiempo para búsqueda de empleo o formación.
La falta de regulación de este tipo de programas, así como la falta de
control por parte del SEPE hacen de la colaboración social una entrada de
mano de obra gratuita y sin derechos en la administración.
Con esto, queda clara la mala gestión que se realiza de los serviciospúblicos, cuando para realizar sus funciones tienen que recurrir a tomar
medidas que están más cercanas a la esclavitud que al trabajo que debería
garantizar un estado de derecho.

En el Ayuntamiento de Madrid se vienen usando estos contratos a través de la Agencia para el Empleo
Jurisprudencia al respecto:
https://drive.google.com/file/d/0B37SRo4pZvDmNk9XUXAxeHJBYzg/view?usp=sharing

Anuncios

Rueda de prensa | Declarado nulo el ERE Madrid Río ¡Porque luchar sí sirve!

“Hay prácticas abusivas en torno a los ERE con connivencia de la Administración”“La sentencia del TSJ de Madrid sobre Madrid Río afirma que al ser un contrato público, las ganancias están fijadas de antemano y no se puede aducir pérdidas inesperadas. Desde CNT afirman que en muchos de los contratos públicos no se cumplen los pliegos de la adjudicación e insta al Ayuntamiento de Madrid a que revise su cumplimiento”

“el juez ha aceptado todos los argumentos que presentaron desde la defensa de CNT para que se declarara nulo el ERE. Uno de ellos fue la violación del derecho de huelga de los trabajadores, ya que, durante los 26 días de paros que los trabajadores hicieron en diciembre de 2014 y enero de 2015, la empresa llevó a trabajar al parque de Madrid Río a trabajadores de otros parques también bajo su gestión. La sentencia está condenada a admitir a los trabajadores y a pagar los sueldos y la seguridad social de los cerca de siete meses transcurridos desde que fueron despedidos. La readmisión será obligatoria aunque decida presentar un recurso contra la sentencia, que no es firme.

Periódico Diagonal (14-07-2015)

https://www.diagonalperiodico.net/global/27343-hay-practicas-abusivas-torno-ere-con-connivencia-la-administracion.html

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ Madrid) señala que los expedientes de regulación de empleo son herramientas excepcionales que sólo se deben utilizar cuando la empresa sufra pérdidas por causas sobrevenidas, “no por causas provocadas”. Según señala Juan Rubiño, uno de los abogados de Red Jurídica que representan a CNT en el conflicto laboral de Madrid Río, la sentencia del alto tribunal subraya que el contrato de la UTE Raga-Nitlux para la limpieza de Madrid Río es público, en el que las cantidades que la empresa percibirá cada año están decididas de antemano, por lo que “la empresa no puede aducir una pérdida inesperada de ganancias”.

“Estamos en un contexto en torno a la crisis en el que se ha legislado en contra de los trabajadores. Se realizan prácticas abusivas en torno a los expedientes de regulación de empleo con connivencia de la Administración, que quiere bajar los costes del servicio mientras la empresa degrada las condiciones laborales”, continúa Rubiño. “Los jueces están corrigiendo ahora los desmanes de las reformas laborales y de los recortes”, continúa. Entre estos desmanes, el abogado destaca que, mientras antes en la Comunidad de Madrid, en los contratos públicos se imponía el número de trabajadores que debía formar la plantilla que tenía que cumplir los servicios contratados, en los últimos años, el Consistorio de Ana Botella prescindió de fijar el número de trabajadores, por lo que las empresas empezaron a bajar el precio del servicio a base de disminuir plantilla. “Esta sentencia pone coto a esta práctica”, subraya Rubiño.

El abogado destaca también que en la sentencia, el juez ha aceptado todos los argumentos que presentaron desde la defensa de CNT para que se declarara nulo el ERE. Uno de ellos fue la violación del derecho de huelga de los trabajadores, ya que, durante los 26 días de paros que los trabajadores hicieron en diciembre de 2014 y enero de 2015, la empresa llevó a trabajar al parque de Madrid Río a trabajadores de otros parques también bajo su gestión. La sentencia está condenada a admitir a los trabajadores y a pagar los sueldos y la seguridad social de los cerca de siete meses transcurridos desde que fueron despedidos. La readmisión será obligatoria aunque decida presentar un recurso contra la sentencia, que no es firme.

Legitimidad de la asamblea de trabajadores

La sentencia también incide en legitimar a los trabajadores organizados en asamblea al margen de los comités de empresa, siempre y cuando representen a más del 10% de la plantilla. Un punto que, según apunta Rubiño, no suele contemplarse en la mayoría de sentencias, y que podría hacerse más habitual en el futuro.

La unión temporal de empresas formada por Raga y Nitlux consiguió el contrato para la limpieza de limpieza de Madrid Río por 111,8 millones de euros en noviembre de 2014, un 37% menos que el importe de licitación. Un mes después, presentó un ERE para eliminar 127 puestos de trabajo, la mitad de la plantilla. Los trabajadores de Madrid Río emprendieron una huelga de 27 días, que fue boicoteada desde la empresa, que ordenó a trabajadores de otros parques bajo su gestión asumir las tareas en Madrid Río. Mientras estaba abierta la mesa de negociación, mandó una carta a los trabajadores de Madrid Río afectados por el ERE ofreciéndoles la posibilidad de mantener su puesto de trabajo a cambio de una degradación de sus condiciones laborales –cambiando su contrato indefinido por un fijo-discontinuo. 37 de ellos trabajadores aceptaron las nuevas condiciones. En la sentencia del TSJ Madrid señala también que la empresa cayó en contradicciones al ofrecer mantener los puestos de trabajo a la vez que presentaba un expediente de regulación de empleo.

Estar organizado funciona, y cuando volvamos a la empresa tenemos que seguir organizados, sin bajar la guardia”, señala Antonio Manzano, delegado sindical de CNT en la UTE Raga-Nitlux. Por su parte, Mario Aragón, de la Secretaría de Acción Sindical CNT, explica que “este caso hay que enmarcarlo dentro de algo más grande, en la externalización de los servicios públicos que se está llevando a cabo desde hace años”.

Aragón enumera los diferentes conflictos derivados de la precarización de las condiciones laborales que han venido con la externalización. Es el caso de los bomberos de Infosa o los trabajadores de Virensis, “que tienen las condiciones más precarias que te puedas imaginar, donde incluso han despedido a todos los delegados sindicales; o de los trabajadores de la cultura en los centros culturales de la Comunidad de Madrid que trabajan para Clece… La lista de conflictos por externalizaciones de servicios es enorme”, concluye.

Desde CNT, CGT y trabajadores de empresas que también están viviendo conflictos laborales, como Movistar o Coca-Cola, han convocado una manifestación bajo el lema ‘Unificando luchas’ esta tarde, a las 19h30, de Plaza de España hasta Callao.

Remunicipalización de servicios

Desde CNT señalan la posibilidad de pedir una reunión con la actual concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, para que vigile con la empresa gestora de Madrid Río el cumplimiento de las condiciones de trabajo. También ponen sobre la mesa la negociación con el Ayuntamiento para que, cuando admita a una empresa, antes compruebe que ésta puede cumplir con sus responsabilidades con los trabajadores, que se de preferencia a las cooperativas o “incluso que se contemple la remunicipalización de estos servicios”, añade Aragón. “El 90% de estas empresas no cumple con los pliegos, y eso es algo que la propia Administración tiene que vigilar”, añade.

Raga-Nitlux tiene la gestión de la limpieza de cinco grandes parques de Madrid. Madrid Río fue el último contrato que consiguió, y el más cuantioso. También es donde ha aplicado todos los recortes, a pesar de que, al ser el más grande, es el que presenta más necesidades de trabajo. El contrato lo tiene por ocho años, aunque, como señala Rubiño, se podría rescindir si se demostrara que la empresa incumple de forma grave los pliegos de la adjudicación. Algo que los trabajadores de Madrid Río ven claro, pero que tendrían que confirmar los funcionarios del Ayuntamiento.“Sospechamos que los índices de calidad que marcan los pliegos de la adjudicación no se están cumpliendo, a la vista de que eliminaron a la mitad de la plantilla”, afirman varios trabajadores de Madrid Río.

Hay muchos otros casos en los que no se están cumpliendo los pliegos”, afirma Aragon, “como en el caso de las animadoras socioculturales en centros de mayores o con la empresa de servicios sociales Humanus. Es la tónica normal, y lo increíble es que la propia Administración no tenga herramientas para ver si se cumplen o no los pliegos”, concluye.

fuente: http://www.cnt.es/noticias/f-comarcal-sur-rueda-de-prensa-declarado-nulo-el-ere-madrid-r%C3%ADo-%C2%A1porque-luchar-s%C3%AD-sirve

“EN MI MIEDO MANDO YO” por Endika Zulueta

Endika Zulueta | endika@nodo50.org
Abogado

«En mi hambre mando yo», le respondió un jornalero a un cacique en los años de la I República, rechazándole el dinero que le daba para conseguir su voto.

A mi juicio, la Ley Mordaza no implica un salto represivo en la política del Estado de la relevancia que se está transmitiendo desde los más variados agentes sociales, políticos y mediáticos; y lo digo sabiendo que con esta afirmación vengo a discrepar de la opinión de la mayor parte de los grupos parlamentarios que se opusieron a la aprobación de la Ley en el Parlamento, e incluso al discurso preponderante de muchos movimientos sociales con los cuales, paradójicamente, me identifico.

Me explico: el salto cualitativo, y cuantitativo, no está especialmente en “ese” lado, el del Estado, sino en “éste”, el de la disidencia. El Estado legisla un másdelomismo, una Ley Corcuera retocada 23 años después con una nueva vuelta de tuerca (que no hay que menospreciar), pero lo hace en un contexto socio-político bien diferente al que se encontraba en 1992. Pareciera que ellos tuvieran claro el diagnóstico: la disidencia crece, en cantidad y en calidad, con una capacidad organizativa y una conciencia crítica, especialmente desde el 15M, que pareciera remontarnos a la transición o a la Segunda República, y sin embargo su capacidad imaginativa (y legislativa), es tan limitada que ofrecen el mismo tratamiento que hace veinte años. Pero diferente diagnóstico no se cura con la misma medicina. Son incapaces de darse cuenta de que empezamos a ser inmunes a sus estrategias.

Años 80/90.- Destrucción del tejido económico-Ley Corcuera.- En la llamada pacífica transición la sociedad civil se echó a la calle; pero una vez que en 1978 se aprobó la Constitución y, especialmente una vez que el PSOE ganó las elecciones en 1982, la disidencia mayoritariamente abandonó la calle, porque las aspiraciones “de cambio” se colmarían vía institucional. La realidad fue otra: a toque de corneta de la antigua Comunidad Económica Europea se destruyó el tejido industrial, la fuerza agrícola, los astilleros, la minería, llegaron las primeras reformas laborales… en pocos años España se transformó en un mero país de servicios. En 1986 entramos en la OTAN. Comenzaron tibiamente las primeras huelgas generales y hacía falta legalizar la autonomía e impunidad con la que actuaban las llamadas Fuerzas del Orden. En 1992 se aprobó la Ley Corcuera (heredera de la Ley de Orden Público de 1959), y en 1995 el llamado Código Penal de la Democracia, y lo cierto es que en un periodo de política económica y social de tierra quemada y de paralela legislación represiva, el debate social crítico en la calle fue poco más que simbólico.

No olvidemos que la Ley Corcuera se ha aplicado hasta el 30 de junio del presente año, y especialmente desde el 15.06.11 hasta su transformación en Ley Mordaza miles de personas han sido víctimas de la misma: multadas por ejercer derechos fundamentales y de esto sabe mucho la Comisión Legal del 15M.

Siglo XXI.- Recortes sociales-Ley Mordaza.- En unos meses se ha aprobado la Ley de Seguridad Privada, la nueva Ley Mordaza, el nuevo Código Penal… y la crítica es constante, la desobediencia imparable. A lo largo de todo el Estado se han celebrado miles de actos que reflejan la rigurosa disconformidad con los nuevos recortes y las paralelas leyes represivas. Reuniones, debates, jornadas, asambleas, charlas, concentraciones, manifestaciones, acciones. En la calle y en las Instituciones. Todos los partidos del arco parlamentario, a excepción obviamente del gobernante, se han visto obligados a oponerse a las nuevas Leyes para no verse arrastrados por la nueva ola de pacífica disidencia crítica; grupos parlamentarios que, bien han aprobados leyes similares, bien han guardado silencio durante años ante las mismas, se mueven inquietos en sus sillas al sentir que, tras muchos años de silencio, los gritos de las calles traspasan los muros del Parlamento.

El cambio ha sido abismal, pero no el de ellos, sino el nuestro. Lo siento, me opongo al mensaje de “las cosas van a estar peor que nunca”, creo que es el discurso que le interesa al Poder, el del miedo paralizante, el de la desmovilización. Creo sinceramente que las cosas están mejor que nunca (cosas = disidencia política a un sistema socio-económico injusto y un cambio por otro mundo que sí es posible). Por primera vez estamos reformulando conceptos a los que les damos un significado bien diferente al que hasta ahora nos ha vendido el Estado. Para ellos el orden es la ausencia de debate, para la ciudadanía es la sana y pacífica crítica a los excesos en el ejercicio del poder y a la limitación en derechos sociales y fundamentales. Para ellos lo público es el espacio para el comercio, para la ciudadanía es el espacio para la asamblea, la creación y el crecimiento colectivo; para ellos, la seguridad es la presencia policial, el aumento de multas, de detenidos, de presos; para la ciudadanía la seguridad es el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y el acceso a los derechos sociales, educación, sanidad, vivienda, trabajo. Para ellos, debemos ceder espacios de libertad para tener más seguridad; para la ciudadanía ceder libertades implica mayor inseguridad. Para ellos debemos tener miedo a los revoltosos, a los delincuentes pobres; pero la ciudadanía, si tiene miedo, es a perder derechos arrancados tras mucho sufrimiento y sabe que solo la organización y el apoyo mutuo atempera ese temor.

En mi miedo mando yo.- El jornalero sabía que las monedas del cacique no le iban a quitar su hambre, porque su hambre era de Justicia, y en su hambre mandaba él. La ciudadanía sabe que la seguridad que aportan las leyes represivas no le va a quitar el miedo, y la respuesta individual y colectiva es simple, coherente y rebosante de dignidad: lo siento señorito, no quiero sus Leyes de Seguridad: en mi miedo mando yo.

fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/4910/en-mi-miedo-mando-yo-2/

¡Que no, que no nos engañáis!

A la ciudadanía y empleadas y empleados públicos Mariano Rajoy saca pecho y anuncia un oportunista adelanto de su reforma fiscal. Sus políticos de cámara filtran a la prensa rumores interesados sobre devoluciones de la paga robada en 2012 y recuperación del poder adquisitivo da las empleadas y de los empleados públicos (sic). Falta muy poco para una nueva cita con las urnas, y todo vale. Los mismos que llegaron arrasando y se irán dejando tras de sí un lamentable reguero de desvergüenza, corrupción y miseria, esos mismos nos tienden ahora la mano y nos perdonan nuestros pecados por tanto derroche de antaño. Nos dan una palmadita en la espalda y nos enseñan el camino hacia el paraíso neoliberal. Parece ser que la ciudadanía, y de manera especial las trabajadoras y trabajadores públicos, hemos sido malos, frívolos y manirrotos. Pero, todos tranquilos: ahí vienen estos iluminados a rescatarnos. Después de un lustro de esfuerzos y de apretarnos el cinturón, si los rumores se confirman, si la Merkel da vía libre, ¡nos devolverán lo que nos habían hurtado!

Se han dado unos cuantos batacazos electorales y están ahogados en el estiércol de los últimos casos de corrupción. Ni las leyes represivas que se han sacado de la manga, ni las promesas electorales, ni los mil cuentos que se inventen… Nada de eso será escudo suficiente para parar lo que se les viene encima. Son demasiadas las víctimas que han dejado en la cuneta. Los empleados y las empleadas públicas somos uno más de los colectivos damnificados. Nada puede aplacar la indignación, el malestar y la rabia que sentimos; la irritación que nos producen los políticos de turno cuando nos responsabilizan del derroche en las administraciones, mientras ellos y ellas, las causantes del problema, se lavan las manos y se van de rositas. Todos nosotros hemos padecido, junto al resto de la población, los recortes y la precariedad de unas políticas criminales cuyas consecuencias son nefastas.

Ahora ha llegado el momento de decir bien alto y bien claro que no nos resignamos, y que exigimos un cambio radical en las políticas y en las conductas de nuestros gobernantes. Si de verdad quieren ganar credibilidad, que empiecen por aplicar la cláusula de revisión salarial y devuelvan íntegra la paga extra del 2012. Podrían continuar ampliando en un 10% la plantilla en todas las aéreas de la función pública para equilibrar los recortes desproporcionados que han llevado a cabo. Ya puestos, tendrían que despolitizar las administraciones y hacer valer la profesionalidad de las empleadas y los empleados públicos. Finalmente, se tendrían que esforzar en recuperar todas y cada una de las competencias privatizadas.

No todas hemos sufrido igual. Algunos —ya os podéis imaginar quienes son — han recibido retribuciones extraordinarias por ser de confianza política y por argucias similares, remuneraciones que no tienen nada que ver con sus funciones o sus categorías profesionales. Acabar con toda esta inmundicia es urgente. El futuro de todos está en juego. No dejemos en manos de tahúres nuestro porvenir.

BLOQUE UNITARIO: Manifestación 30J: Ni mordazas, ni pres@s polític@s

Martes 30 de junio. Último día antes de la vuelta a las medidas más represivas contra la libertad de expresión del último franquismo. Aprobadas en marzo bajo la apisonadora de una fascista mayoría absoluta, horas más tarde entraría en vigor el ya conocido trío de mordazas: Pacto Antiterrorista, Ley de Seguridad Ciudadana, reforma del Código Penal.

Más de 80 movilizaciones del 25 al 30 de junio en todo el territorio estatal demostraron que no vamos a tener miedo. La vuelta a los tiempos de la dictadura ha comenzado: en la madrugada del pasado 4 de julio una chavala de alicante fue sancionada con una multa de 651 euros por llevar una camiseta con las siglas ACAB (All Caps Are Bastards = todos los policías son bastardos… o quizá All Colors Are Beautiful = Todos los colores son hermosos…). Sólo uno de los ejemplos paranoicos de acontecimientos a los que nos vamos a enfrentar a partir de ahora…

Algunas perlitas del Código Penal son las penas de 6 meses a 2 años de cárcel por tener solidaridad con personas extranjeras o practicar el top manta (antes falta, ahora también delito), de 3 meses a un año por difundir manifestaciones en tuiter (aunque no vayas) si hay algún altercado, de 6 a 18 meses por resistencia pasiva a la autoridad y de 3 a 6 meses por la ocupación de entidades bancarias (aunque estén en horario de atención al público).

Por su parte la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, desde su gestación ya conocida como Ley Mordaza, incrementa de manera exacerbada las sanciones y las burocratiza (ahora será la Administración quien sea juez y parte), elevando las cuantías:

-De 100 a 600 euros por reuniones en espacios públicos, ocupación y permanencia en cualquier edificio ajeno o la vía pública, escalar edificios o la venta ambulante (top manta).

-De 601 a 30.000 euros por negarse a disolver una reunión, manifestaciones  frente al Congreso, Senado o Parlamentos Autonómicos, impedir un desahucio, piquetes informativos, resistencia a la autoridad o difusión de imágenes de agentes de seguridad.

-De 30.001 a 600.00 euros por las protestas en infraestructuras de las telecomunicaciones o por la celebración de espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición de la autoridad correspondiente.

-Además de la legalización de las devoluciones en caliente. Único punto que está en vigor desde su aprobación en las Cortes, en vez de esperar al 1 de julio.

Así pues, el Trío de Mordazas se convierte en la gran herramienta represiva del gobierno frente a la incómoda protesta activa que los movimientos sociales han venido haciendo en los últimos años. Es curioso que haya epígrafes para cada uno de los agentes sociales más molestos: la PAH y asambleas de vivienda, las protestas mediáticas de GreenPeace, las acciones sindicales y piquetes informativos durante las huelgas generales… O que se hayan ido incorporando sanciones, como la de protestas en infraestructuras de las telecomunicaciones justo después de una gran huelga en RTVE… Y por supuesto, la criminalización de la gente más pobre, a la que se margina, se aísla… Se machaca: una de las sanciones es por deslucimiento del mobiliario público, y va directamente dirigido a la gente que duerme en la calle. De traca.

Se da el caso de que muchos hechos sancionables administrativamente sean al mismo tiempo causa de delito… El mismo juez Elpidio Silva en entrevista en Cuatro comentaba que podía ser una buena idea para paralizar las multas: si una conducta es sancionada por la Ley de Seguridad Ciudadana y al mismo tiempo se inicia proceso judicial por el Código Penal, la parte administrativa debe paralizarse hasta que no esté resuelto si es o no legítima por parte de la judicatura. No en vano han pasado a ser sancionables por la Administración aquellos hechos por los que antes seríamos juzgados: los magistrados mayoritariamente han dado la razón a la ciudadanía… Todo va a ser cuestión de explorar los límites. La Comisión de Legal Sol ya publicó en diciembre del año pasado un manual para empezar a combatir las sanciones que nos vayan llegando. Porque no se trata de quedarnos en casa. Ahora más que nunca, hay que salir a la calle. (Dicho manual puedes encontrarlo aquí:  https://burorresistiendo.wordpress.com/ )

Y por eso las calles de Madrid quisieron ser un clamor popular contra esa política de terror en la que pretenden sumirnos. Bajo el lema No Somos Delito – Sin Mordazas, quince mil personas gritaron de Neptuno a Sol pasando por Cibeles que no nos van a callar. Una manifestación multitudinaria organizada gracias a un potente trabajo de equipo en el que la generosidad, buen rollo y compromiso primaron en cada una de las reuniones organizativas.

En su inicio, la convocatoria para ese día partió y fue legalizada por el Bloque Unitario (Madres contra la Represión, Solidaridad Obrera, CNT Gráficas y Comarcal Sur, CGT, SAS, SUSH y Asamblea de Vallecas por la Huelga General), pero a ésta se unieron o la Plataforma No Somos Delito (formada por militantes propios y provenientes de otras organizaciones como GreenPeace, Avaaz, asambleas del 15M, Amnistía Internacional, Cáritas, y un largo etc), l*s Yayo Flautas, Solfónica, Red de Solidaridad Popular, etc.

A las ocho menos cuarto partía la cabecera de No Somos Delito seguida por movimientos sociales, sindicatos, y algunas formaciones políticas (republicanas y asambleas de círculos de Podemos). Tras nuestra pancarta del Bloque (“No a las Leyes Mordaza – Presxs Políticxs Libertad) se oyeron muchos gritos en apoyo a Alfon, igual que en toda la cola de la manifestación. El calor fue mejor llevado gracias a batucadas y agrupaciones musicales acústicas, como los Sikuris del Patio Maravillas con su música andina. Gente con sprays de agua nos hicieron más llevadero el recorrido de Neptuno a Sol, custodiad*s siempre por la atenta mirada de un león amordazado, réplica de uno de los que en silencio vigilan el Congreso de los Diputados. Hoy, más silenciosos todavía que ayer. Tras la llegada a Sol, con la lectura del manifiesto y una magna actuación de la Solfónica, la manifestación fue desconvocada. Uince minutos antes y de forma espontánea, compañer*s de CNT de la Comarcal Sur a su paso por la tienda de Futbolmanía (Puerta del Sol nº 5), aprovecharon para recordarle a FUTBOLCORNER SL que debe solucionar el conflicto abierto por la precariedad con que castiga a sus trabajador*s y por los despidos injustificados con que sanciona a quien reivindica los derechos que marca el convenio. Ya lo decía el lema de la manifestación: Sin Mordazas…

Horas más tarde, a las 11,55 otra convocatoria hecha por movimientos sociales diversos llenó las inmediaciones del Congreso de gente que sentada pacíficamente y en silencio comenzaba el período de mordazas sociales desobedeciendo la ley. Los colectivos convocantes no quisieron legalizarla como otro acto más de desobediencia civil y protesta ante las cuantiosas multas con las que se castiga a quien solicita las autorizaciones pertinentes. Frente a lo que viene a partir de ahora sólo queda ejercer nuestra resistencia y desobediencia civil. Porque sólo las pararemos si seguimos trabajando juntas bajo el pensamiento, una vez más, de que SÍ SE PUEDE.