Vigilancia en internet: soluciones al monitoreo legal o ilegal de lo que hacemos en la red.

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La Circular 1/2013 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas establece algunas definiciones técnicas para el Ministerio Público, con el fin de que se comprendan los alcances y alternativas de éstos en materia de intervención de las comunicaciones. Esto incluye el tráfico que circula por nuestro módem y cuyos datos son almacenados por la empresa que nos provee la conexión a internet. Veamos las consecuencias de este “pinchazo” a nuestras comunicaciones, las formas legales o ilegales de hacerlo y cómo protegernos.

El documento, de 145 páginas, asienta criterios que deberían regir las órdenes de intervención de las comunicaciones en el proceso penal, y establece también algunas pautas del alcance que pueden llegar a tener: desde el acceso a los datos de los intervinientes en una conversación telefónica al acceso a las comunicaciones por correo electrónico y su contenido.

En general, todos estamos familiarizados con la práctica policial de los pinchazos telefónicos y el rastreo de la telefonía móvil. Es una práctica que podemos observar en las noticias de una compleja investigación en materia de corrupción o en cualquier serie de televisión policial. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestro módem o la vigilancia en internet?, ¿a dónde van los millones de datos que emitimos desde nuestro ordenador o desde nuestro dispositivo móvil y que permiten, a quien tenga acceso a ellos, elaborar un completo perfil del usuario: webs habituales, correos electrónicos, cuentas online, cuentas bancarias, etc.?.

La infraestructura de acceso a internet de la mayoría de usuarios podría definirse como una infraestructura triangular. Cuando accedemos a un servicio web intervienen tres componentes:

  1. El usuario susceptible de monitoreo externo emite una solicitud de acceso.
  2. El proveedor de servicios de internet (ISP, en sus siglas en inglés), que procesa esa solicitud.
  3. El servicio web de destino, que la acepta.

Como podemos imaginar, se trata de una operación cuya resolución es casi inmediata y automatizada, pero ya nos podemos hacer una idea de cómo el proveedor ISP monitoriza el tráfico web de todos los usuarios a él conectados, otorgando enormes prerrogativas a quien tenga el control sobre esas redes. Por ejemplo, cuando una autoridad judicial o administrativa decide bloquear una determinada web, lo único que hace es cursar una orden a los ISP autorizados por el Ministerio de Industria o su autoridad delegada para que no procesen las solicitudes de los usuarios que quieren acceder a dicho servicio.

Por tanto, la conclusión es evidente: para que esa particular censura se efectivice, el ISP debe tener acceso a todo nuestro tráfico web. Y vaya si lo tiene: todos las páginas web, contraseñas, correos electrónicos y metadatos de navegación pasan por el filtro de nuestra operadora, y en ese camino que hay entre nuestro ordenador o dispositivo móvil y el ISP se encuentra todo el interés de quien quiera saber lo que hacemos en internet.

El monitoreo legal de nuestro tráfico

Días atrás hablábamos de algunos extremos de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. La comprensión de esta normativa es esencial para entender hasta qué punto, y sin la debida protección, nuestras comunicaciones electrónicas son un auténtico sobre abierto donde la privacidad no existe.

Los ISP suelen rebatir esta afirmación recalcando que las redes por ellos administradas contienen un fuerte cifrado, lo cual es verdad, pero es una verdad a medias. La mencionada normativa que regula las redes en España contiene dos elementos que desechan cualquier atisbo de respeto por la privacidad:

  • Que los elementos de cifrado de las comunicaciones reguladas por esa Ley tendrán que estar puestos a disposición de una autoridad estatal (art. 43).
  • Que las comunicaciones intervenidas mediante orden judicial, en caso de que estas estén protegidas por algún mecanismo de encriptación, deberán ser entregadas desprovistas de cualquier protección (art. 39.11).

De esta manera, el Estado se asegura el pleno control de la comunicación, tanto si existe orden judicial como si no. Con el segundo ejemplo, el mecanismo parece claro, pero con el primero, queda muy libre de interpretación ese criterio de “puesta a disposición”. Por un lado, eso explica las reacciones punitivas cuando las autoridades se encuentran frente a un cifrado que no pueden romper; por otro, el régimen sancionador en caso de incumplimiento de estas obligaciones a la Ley de Telecomunicaciones son el instrumento que engrasa la permanente colaboración de las empresas operadoras con el Estado.

Por parte de los abogados que intervengan en procedimientos penales donde se han utilizado datos almacenados por empresas sujetas a los deberes de almacenamiento de la Ley 25/2007 de Conservación de Datos de Comunicaciones Electrónicas (caso de tuiteros detenidos o comentarios en redes sociales) , es muy importante revisar:

  • si los datos del usuario imputado fueron obtenidos con la correspondiente orden judicial, dado que para obtener una IP no hace falta mandamiento de un juez, pero sí para obtener de la empresa que almacena los datos la titularidad de la misma;
  • si los datos que se solicitaron se producen con motivo de la investigación de un delito calificado como grave, ya que la ley mencionada establece que sólo se podrán ceder esos datos en caso de estar investigándose un delito así graduado.

El monitoreo ilegal

Muchas son las formas por las que nuestro tráfico en internet puede ser monitoreado por terceros. Ya hemos visto cómo los actores estatales tienen un pleno control sobre las operadoras por las que circula nuestra navegación y que, si bien es cierto que un eventual pinchazo de las comunicaciones requiere una orden judicial, no podemos estar seguros que en la actualidad existan jueces que tengan la dimensión necesaria para comprender lo que supone el control de este tipo de datos.

Por otro lado, España forma parte de la Red OSEMINTI, una infraestructura capaz de leer las comunicaciones electrónicas de todos los usuarios, con la finalidad de rastrear palabras y frases que, contextualizadas, son una fuente de inteligencia invasiva de primer orden. Sabido y reconocido esto, implica que los datos que corren por la infraestructura de banda ancha española son leídos y monitorizados por esta red englobada en el llamado “Acuerdo para una Infraestructura Semántica Operacional”, y que encaja perfectamente en los condicionamientos legales de acceso a los datos almacenados que vimos en el punto anterior, ya que los mecanismos de cifrado que emplean las empresas están “puestos a disposición” de la autoridad reguladora.

Pero si el actor interesado en conocer nuestro tráfico quiere saber más cosas sobre nosotros, existen mecanismos más específicos e individualizados de controlar nuestro tráfico web, a través de ataques man in the middle, uno de los aspectos menos conocidos por los usuarios de internet, donde la mayoría rehusa profundizar o conocer muchos aspectos de una navegación segura, y por la que se desconoce la realidad de que unas pocas herramientas accesibles permiten conocer prácticamente todo lo que volcamos a las redes.

La solución: el cifrado de nuestro tráfico

A partir de lo comentado, la necesidad parte por tanto de proteger los datos que enviamos, desde que salen de nuestro ordenador hasta que llegan a su destino, sea esto una página web, una banca virtual o la bandeja de entrada de correo electrónico.

No debemos confundir esto con el anonimato en internet, para lo que existen otras herramientas. Aquí lo que vamos a ver es una de las formas con las que evadir los controles al tráfico que pueden realizar tanto la empresa proveedora, autoridades o individuos interesados (un ejemplo que ocurre en nuestra profesión, de manera cada vez más habitual: disputas legales donde se quiere obtener información sobre la estrategia de defensa de la otra parte).

La herramienta escogida es DNScrypt, creado por la empresa de resolución de nombres de dominio OpenDNS, la cual ha desarrollado un software ligero de muy sencilla instalación que permite sortear las barreras impuestas por nuestro ISP y que evitará la lectura por terceros del tráfico que pasa por nuestro módem. Se trata de un proxy que encripta los datos salientes de nuestra computadora mediante criptografía de curva elíptica.

Para ello, hemos creado estos tutoriales para su instalación en Windows, Linux, Mac y Android.

Conclusiones

La Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1999 resume que “El art. 18.1 C.E. no garantiza una “intimidad” determinada, sino el derecho a poseerla, a tener vida privada, disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la información relativa a la persona y su familia, con independencia del contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público. Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cuál sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida, lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos”.

Esta interpretación constitucional no puede ser entendida sin que los dueños de estos derechos no los ejerzan ni entiendan la dimensión de los mismos y la dimensión de la maquinaria que existe para vulnerarlos. Será papel mojado todo derecho que no sea ejercido.

* Abogado especializado en Derecho Internacional Público latinoamericano por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED). Administrador de sistemas operativos Linux y desarrollador de programas de código abierto. Actualmente es colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y abocado al uso de software libre en las Administraciones Públicas.

Fuente: http://www.buenjuicio.com/vigilancia-en-internet-soluciones-al-monitoreo-legal-o-ilegal-de-lo-que-hacemos-en-internet/

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A seis días de la entrada en vigor de la #Ley Mordaza se preparan acciones y movilizaciones en todo el Estado español

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En seis días comenzará a regir la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que restringe los derechos de expresión, reunión y manifestación y la reforma más dura de nuestro Código Penal desde que se aprobó en 1995. Son leyes restrictivas de derechos, que dotan de mayor poder al Gobierno en detrimento de Juzgados y Tribunales y que únicamente buscan proteger sus propios intereses, no los de las personas.

Los niveles represivos de esas leyes son de tal envergadura que hasta organizaciones como Cáritas, que habitualmente no se pronuncian en ese sentido, han elevado sus quejas contra la Ley de Seguridad Ciudadana, en ámbitos nacionales e internacionales, llegando a plantear sus inquietudes hasta el Defensor del Pueblo.

El último documento emitido por diferentes organizaciones no gubernamentales de relevancia tales como Andalucía Acoge, Asociación Apoyo, Asociación Solcom, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Coordinadora de Barrios, Greenpeace, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Rights International Spain, Servicio Jesuita a Migrantes o la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, cuestionan los artículos que violan el derecho al asilo:  “estos últimos han sido introducidos por el Ejecutivo mediante una Disposición Adicional con la pretensión de legalizar una práctica que, en opinión de las organizaciones sociales, es ilegal, contraria al derecho internacional –en especial en referencia al Derecho de Asilo– y que merecería ser tachada de inconstitucional”.

Por último, reproducimos el comunicado del día de hoy, 24 de junio, emitido por la CGT y el calendario de movilizaciones en el Estado español difundido por No Somos Delito:

JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA LAS LEYES MORDAZA

A sólo unas fechas de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas del Código Penal y la Ley Antiterrorista, la CGT participa activamente en la campaña unitaria de organizaciones y plataformas sociales contra el grave recorte a los derechos y libertades ciudadanas que representan dichas leyes

La Confederación General del Trabajo (CGT) estará presente los próximos días, junto a numerosos colectivos sindicales, políticos y sociales del mundo alternativo, en las manifestaciones que han sido convocadas en las principales ciudades del país para mostrar en las calles el rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana (popularmente conocida ya como Ley Mordaza) que el Gobierno pondrá en vigor a partir de las 00 horas del 1 de julio.

El ejecutivo del PP ha aprobado esta ley tan restrictiva para los derechos de opinión, organización y manifestación sin tener en cuenta no sólo las opiniones contrarias de otros partidos, sino la de juristas y organismos defensores de los derechos humanos españoles e internacionales. Sordos a las documentadas observaciones de los expertos, el gobierno de Rajoy ha vuelto a aplicar el rodillo que todavía le permite su mayoría absoluta, para aprobar una ley que nos retrotrae a los más oscuros tiempos de la represión franquista.

Las reformas del Código Penal y la Ley Antiterrorista representan restricciones muy graves a los derechos fundamentales de reunión, asociación, inviolabilidad de comunicaciones y domicilios, etc. y aunque el objetivo de tales recortes pudiera parecer el terrorismo yihadista, lo cierto es que se están aplicando especialmente a grupos libertarios, centros sociales okupas y colectivos de jóvenes en lucha.

La CGT hace un llamamiento al conjunto de la sociedad, y muy especialmente a la clase trabajadora y los movimientos sociales, a sumarse a todos los actos y manifestaciones que en los próximos días se van a realizar contra la llamada Ley Mordaza, así como a continuar denunciando la represión que el Estado ejerce contra los colectivos que más se destacan en la lucha contra este sistema injusto.

Es ésta una ocasión propicia para exigir la libertad sin cargos del joven madrileño Alfon y de otros luchadores que están procesados por su participación en huelgas, desahucios o manifestaciones: Roger y Mercader, Laura Gómez y Eva Sánchez, caso Expert, Primavera Valenciana, la PAH, jóvenes libertarios víctimas de los montajes Piñata y Pandora, etc.

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http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/jornadas-de-movilizacion-social-contra-las-leyes-mordaza

¿Cárcel por defender los puestos de trabajo? Caso Expert

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CARTA ABIERTA DE LOS ENCAUSADOS DEL CASO EXPERT

El próximo 9 de julio cuatro trabajadores y trabajadoras de la antigua empresa Expert Polymere de l’Arboç  (comarca del Baix Penedès, Tarragona) y dos asesores sindicales estamos citados a declarar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona. Estamos encausados a raíz de los hechos ocurridos durante la tramitación del ERE por cierre de dicha empresa hace ya once años. La Fiscalía nos reclama penas de entre tres años y dos meses y cuatro años y seis meses de prisión, así como multas que rondan los 3.000 EUR, por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y contra el derecho al trabajo.

El 20 de julio de 2004 se estaban llevando a cabo negociaciones entre la dirección de la empresa Expert Polymere y el Comité de Empresa de la misma, acompañado de dos asesores sindicales de la CGT, relativas a un ERE de extinción que Expert había presentado. Durante la reunión entre la dirección y los representantes de los trabajadores, los miembros de la plantilla, que ya habían finalizado su turno de trabajo, se encontraban dentro del recinto de la fábrica esperando a ser informados del resultado de dicha reunión.

Una vez acabada la reunión, el Comité y los asesores informaron a la asamblea de trabajadores sobre el estado de las negociaciones. Durante la celebración de la asamblea cabe mencionar la presencia de efectivos de la Guardia Civil en las inmediaciones del recinto de la empresa, hecho que venía produciéndose cada día desde la presentación del ERE, a pesar de que no se había producido ningún tipo de incidente hasta la fecha. Tras la asamblea, los asesores sindicales se marcharon del recinto y fueron a buscar su coche. En ese momento, y “sin mediar provocación” previa alguna (tal como consta en el parte de ese día del propio servicio de seguridad de la empresa), se produjo una carga de la Guardia Civil contra los trabajadores que aún se hallaban allí reunidos y dentro del recinto de la fábrica.

La brutal e injustificada intervención policial resultó en lesiones a tres de los trabajadores que se hallaban allí presentes, los cuales tuvieron que ser evacuados en ambulancia y ser atendidos en el CAP del Vendrell. Al pasar los asesores con el coche ante la puerta del recinto y observar lo que estaba pasando, se detuvieron y salieron del vehículo para mediar con la policía. Pero al intentar mediar, cuatro Guardias Civiles se abalanzaron sobre uno de ellos, que fue agredido y posteriormente detenido.

A raíz de estos hechos los agredidos presentamos denuncias por lesiones contra la Guardia Civil en los Juzgados del Vendrell. En dichas denuncias constaban como testigos el resto de la plantilla que se encontraba en la asamblea. Posteriormente, y como reacción, la Guardia Civil presentó una denuncia contra nosotros, los denunciantes, y también contra los testigos. Esa contradenuncia deriva en un proceso penal que nos afecta a los cuatro trabajadores y a los dos asesores sindicales. Cabe decir que la empresa Expert en ningún momento interpuso ninguna denuncia alguna por los hechos que habían sucedido dentro de sus instalaciones.

Once años después de los hechos y del cierre de Expert, cuando los afectados esperábamos que el expediente ya hubiera sido archivado, nos encontramos con que debemos afrontar un juicio con petición por parte de la Fiscalía de penas de prisión y multas económicas.

A día de hoy Vanessa, Yolanda, Sandra, Juan, Pedro, Juan Antonio y nuestras familias debemos afrontar una situación cruel e inesperada. La dilación del proceso ha hecho que nuestra situación personal y familiar haya cambiado mucho a lo largo de estos once años. Vanessa, de 37 años, es actualmente madre de dos hijos, de 5 y 9 años. Sandra, de 37 años, es madre de dos hijos, de 8 y 6 años. Yolanda, de 37 años, es madre de dos hijos, de 7 y 12 años. Juan, de 37 años, es padre de una niña de 7 años. Pedro, de 66 años, está jubilado y es padre de dos hijos de 21 y 27 años. Y Juan Antonio, de 67 años, está también jubilado, y tiene 2 hijos y 4 nietos.

Todo esto ha supuesto un duro golpe en nuestras vidas y la de nuestras familias, que se han visto drásticamente alteradas por los delitos de los que injustamente se nos acusa, con las consecuencias a nivel psicológico y emocional que conlleva la perspectiva de una posible pena de prisión. Y todo ello por el simple hecho de haber intentado defender nuestros puestos de trabajo y haber sufrido una agresión policial.

Con estas breves líneas queremos dar a conocer a la opinión pública esta grave e injusta situación, y hacer un llamamiento a la ciudadanía, las diferentes fuerzas políticas, sindicales y sociales a apoyar nuestra absolución.

EL TRIBUNAL SUPREMO VE EL CASO ALFON- MANIFESTACIÓN, sábado 20 de junio 20:30h Sol – M. Justicia

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Hoy, 16 de junio, el Tribunal Supremo verá el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a Alfon a cuatro años de cárcel. Este alto Tribunal deberá decidir si la Audiencia actuó correctamente cuando no tuvo en cuenta ninguna de las alegaciones de la defensa, ni de los testigos de la misma. Deberá de señalar si es o no fundamental la cadena de custodia de las “pruebas”, en este caso los “explosivos” que tres policías aseguran que Alfon portaba en el momento de la detención. Deberá decidir también si la declaración de estos policías, en juicio penal, tienen garantía de veracidad o, cómo está establecido, han de probar lo que afirman. El Tribunal Supremo deberá decidir también si Alfon tiene derecho a la presunción de inocencia o tiene que probar su inocencia como se deduce de la sentencia de la Audiencia.

En definitiva, El Tribunal Supremo debe decir si queda un resto de Justicia en los tribunales o si se demuestra, una vez más, que las sentencias están escritas antes de realizarse los juicios dependiendo de la clase social a la que se pertenezca. En la actualidad más de 300 activistas sindicales y sociales están pendientes de una sentencia que puede llevarles a la cárcel, con peticiones fiscales de 3, 4, 8 y 11 años de cárcel por acudir a una manifestación, o por intentar parar un desahucio. Alguien debería explicar porque se están pidiendo penas tan desmesuradas por parte del Ministerio Fiscal por hechos tan normales como, participar en una huelga o en una manifestación. El número de policías muertos por parte de piquetes de huelga, manifestantes o activistas antidesahucios es cero, sin embargo las penas solicitadas para lxs luchadorxs suman cientos de años, acusados de “resistencia” o “atentado a la autoridad”. Alguien debería ver el uso y abuso, por parte de la policía, en la reiteración de achacar estos delitos de forma generalizada en sus acusaciones.

Una vez que el Tribunal Supremo sentencie, Alfon ingresará en prisión de inmediato o quedará libre. Sea cual sea la sentencia, continuaremos la lucha contra la Reforma Laboral y la esquilma del pueblo trabajador; lucha que es la que se está juzgando y a la que se quiere combatir desde el poder con el miedo y la represión, con estas acusaciones y sentencias “ejemplarizantes”.

Desde Solidaridad Obrera hemos estado luchando contra esta Represión estos tres últimos años, codo con codo con decenas de organizaciones sociales y sindicales, y vamos a seguir haciéndolo sin descanso. Puede que todas y todos terminemos con nuestros huesos en la cárcel, pero no nos van a callar, ni vamos a rendir. Igual que estuvimos el sábado 13 de junio en la manifestación “232º centígrados” que recorrió Vallecas contra la represión y los montajes policiales “Pandora” y “Piñata”, estaremos y llamamos a participar en la Manifestación de apoyo a Alfon que el próximo sábado recorrerá el centro de Madrid desde las 20:30h partiendo de la Puerta del Sol por Callao al Ministerio de Justicia.

Cualquiera de nosotros puede ser Alfon

Todxs somos Alfon

Madrid. 16 de junio de 2015
Por Solidaridad Obrera
LA JUNTA SINDICAL

#SinMordazas: No refrendaremos sus leyes con nuestro silencio

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A las 00:00 horas del próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.
Lo hacen en nombre de la seguridad ciudadana, pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios. Emanan de su incapacidad para vivir con alegría el despertar de la gente, la toma de calles, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacio de reflexión colectiva. No entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana sino para convertir en ley su temor, el miedo que les despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden atacando. 
En los últimos meses, su aprobación ha despertado la preocupación y el rechazo de una amplia mayoría social, lo que ha supuesto que organismos nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa las critiquen duramente. El último ha sido el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad. 
Sin embargo somos las personas que defendemos diariamente el derecho a la vivienda, las que creemos en el derecho a la información libre, las que tomamos la calle reclamando educación pública y sanidad universal, las que no tenemos papeles, las que sufrimos las consecuencias de un empleo precario o quienes simplemente vemos en el deseo de democracia y la organización espontánea de la gente un motivo de celebración, las que tenemos el verdadero poder de cambiar las cosas. Por ello, una vez agotadas todas las vías posibles, solo nos queda una alternativa: la de no consentir, la de no refrendar sus leyes con nuestro silencio. 
Así, a falta de pocos días para su entrada en vigor, nos posicionamos desobedeciendo activamente a estas leyes injustas y te animamos a sumarte, a difundir entre tus círculos y redes, a mostrar tu rechazo y a manifestar sin temor que estas leyes también te afectan.
Contigo es posible.
#SinMordazas

La solidaridad frente la persecución tiene una nueva cita el 13 de Junio

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Cada empujón represivo ha añadido un eslabón a la cadena que llevamos atada al cuello, gota a gota aumentan los condiciones que nos niegan la vida y pretenden controlarlo todo, pero nuestro vaso se ha desbordado.

El sistema va afinando su puntería. Quienes intenten oponerse recibirán castigos ejemplares, sufriendo una persecución y linchamiento policial, judicial y mediático, viviendo en primera persona el encierro y el intento de paralización de las luchas por parte del poder.

A raíz de los compañeros encarcelados en la operación Piñata, nace una campaña para denunciar públicamente la estrategia del Estado de persecución y represión a toda persona, colectivo o grupo disidente que no esté dispuesta a callarse ante este modo de vida.

El umbral de lo que se considera terrorismo cada vez está más bajo, y con el nuevo Código Penal y la Ley mordaza las condenas suben. La definición de organización terrorista es tan amplia que puede entrar cualquiera. 

El nombre de esta campaña hace referencia a la temperatura a la que arde el papel. Esto es porque una de las principales pruebas de la acusación en el caso Piñata es haber distribuido un supuesto libro maldito:“Contra la democracia”, el cual, al pretender subvertir el orden establecido, se convierte en una prueba en sí mismo.

Con el lema “Si la solidaridad se extiende, la persecución se apaga” queremos hacer un llamamiento a la solidaridad con los compañeros reprimidos y extender la conciencia de que la represión nos afecta por pensar de manera distinta a la establecida.

Está previsto que la campaña finalice con una gran manifestación en el barrio de Vallekas el sábado 13 de Junio.

En el caso de posibles cambios que nos pueda imponer la delegación de gobierno sobre el recorrido de la manifestación los publicaremos en este blog y en las redes sociales.

http://232centigrados.noblogs.org/